Cuando el mercado no basta, y cuando tampoco la oficina

Qué vas a aprender

El precio coordina, pero no siempre cuenta todos los efectos de una decisión. Esta lección nombra los fallos de mercado más usados en primero de Bachillerato y, enseguida, los fallos del sector público. Después distingue tres herramientas —impuesto, norma y provisión pública— y tres escalones: local, autonómico y estatal. No vas a memorizar un número de boletín inventado. Vas a reconocer qué tipo de herramienta es cada una.

Fallos de mercado

Hay fallo de mercado cuando el intercambio voluntario no cuenta costes o beneficios que importan, o cuando alguien no puede elegir con información decente. Una externalidad es un efecto sobre terceros que no pasa por el precio. El humo de una caldera que pagan en tos quienes viven al lado es una externalidad negativa: quien decide quema de más, porque no soporta todo el coste. Una externalidad positiva aparece cuando parte del beneficio se lo lleva quien no paga, y entonces se produce de menos: la formación que mejora el trabajo de un barrio entero no la compra sola la persona que se sienta en el aula.

Un bien público, en el sentido técnico, es no rival y no excluible. Que tú lo uses no impide que otra persona lo use, y es muy caro dejar fuera a quien no paga. Un farol en una calle estrecha se parece a eso: la luz no se gasta porque pase un vecino más, y no hay un torno en cada esquina. El mercado privado suele quedarse corto, porque quien puede ir de gorrón espera que pague otro. No llames bien público a todo lo que te parece importante. El pan importa y es rival y excluible.

También falla el mercado cuando una de las partes sabe mucho más que la otra y lo usa para cerrar un trato que la otra no habría aceptado con los datos delante. Y falla cuando quien vende no tiene rivales de verdad y puede mantener un precio alto sin perder clientela hacia un sustituto cercano. En los cuatro casos la queja no es «el precio existe». La queja es que el precio, o la cantidad, se tuerce porque falta un efecto, un cobro, un dato o una alternativa.

Tres herramientas, sin inventar la norma

La intervención no es un bloque único. Un impuesto —o una tasa, cuando grava un uso concreto— mete en la cuenta privada un coste que antes caía fuera. La idea, cuando se usa contra una externalidad negativa, es acercar el coste que ve quien decide al coste que soporta el resto. Una subvención hace el camino inverso ante una externalidad positiva: anima una actividad cuyo beneficio social es mayor que el privado. Ninguna de las dos cifra, en esta lección, un tipo impositivo real. El ejemplo de clase solo sirve para ver la dirección.

Una norma prohíbe, limita u obliga: un horario, un límite de emisión, una obligación de informar antes de firmar. No mueve el precio con un recargo; cambia el conjunto de conductas permitidas. Puede ser clara y barata de entender, y puede ser torpe si trata igual dos casos que no lo son. La provisión pública significa que una administración produce el servicio o lo paga para que exista: alumbrado, un autobús escolar, una campaña de vacunación. Aquí el problema del gorrón se resuelve por la vía del presupuesto común, no por un torno.

Ejemplo de clase

Imagina un taller, en un ejemplo y no en una inspección real, cuyo humo impone a la calle un daño que valoramos, solo para la pizarra, en 2 euros por pieza. Si el taller solo mira sus costes privados, fabrica de más. Un impuesto de esos 2 euros por pieza, una norma que pone un tope de piezas, o un filtro pagado con fondos públicos son tres herramientas distintas para el mismo fallo. Cuál conviene depende de si se puede medir el daño, de si todas las piezas contaminan igual y de quién vigila.

Local, autonómico, estatal

El mismo tipo de herramienta puede vivir en escalones distintos, y cada escalón tiene un radio. Un ayuntamiento está cerca del ruido, del mercadillo o de la acera sin farola. Puede ordenar un horario mediante una norma municipal o prestar él mismo un servicio, como la recogida o el alumbrado. No hace falta citar un artículo concreto para entender que eso es norma o provisión, no un discurso. Una comunidad autónoma ordena materias de su competencia y puede usar tributos propios cuando el marco se lo permite, o financiar un servicio que cubre toda la comunidad, como una red educativa o sanitaria en su tramo. El Estado alcanza lo que atraviesa comunidades: un impuesto general, una regla común de información al consumidor, un sistema que no se puede cortar en la frontera provincial.

Fallos del sector público

Intervenir también falla. Quien decide en una oficina puede no conocer el coste real del taller ni el valor que la calle da al silencio. Una norma idéntica para todos ahorra papeleo y trata mal los casos raros. Un impuesto mal medido puede pasar de corregir a castigar una actividad que convenía mantener en una dosis menor, no en cero. El presupuesto común invita a pedir gastos concentrados y a diluir el pago entre mucha gente que no está en la reunión. Y la decisión pública tiene prisa electoral o administrativa: lo urgente desplaza lo que tarda años en notarse.

«Hay un fallo de mercado» no cierra el caso. Hay que preguntar si la herramienta, en ese escalón, corrige más de lo que estropea. A veces toca un impuesto revisable, una norma corta o pagar el farol con el presupuesto. A veces toca no intervenir, porque la cura conocida es peor que el fallo. La materia exige nombrar el fallo, la herramienta y el coste de usarla.